Alejandro Salinas Diez,presidente de Canacintra en Tijuana, estuvo de acuerdo con que en Baja Californiano se tipifique penalmente el hecho de conducir bajo el influjo de alcohol; si no que está acción se castigue con una sanción administrativa, según lo consideró ayer Rommel Moreno Manjarrez, procurador de Justicia en la entidad.

Salinas Diez dijo que los alcoholímetros han sido una medida que ha reducido notablemente el índice de accidentes viales, pero han saturado el trabajo tanto de la policía municipal de Tijuana, como el de la PGJE, por el número de personas consignadas por este delito.

“El alcoholímetro es un elemento que ha funcionado; no se trata de que la gente no vaya a una reunión con amigos, se trata de que tengan conciencia de que manejar con altos niveles de alcohol implica riesgos, ha funcionado pero sólo tenemos que ver bajo qué esquemas es mejor”

El representante de Canacintra manifestó que mientras se contemple el hecho como un delito habrá saturación en la policías por los trasmites que se realizan tanto para la detención de la persona como del vehículo.

Opinó que el esquema ideal sería aplicar una sanción administrativa para que las autoridades policíacas se dediquen “a otros asuntos”, pero que la sanción o multa sea alta.

“Que sea una sanción administrativa, pero una sanción dura”, concluyó.

Alberto Capella Ibarra estuvo de acuerdo también en que el modelo de sanción no sea la penal si no aquellas del orden administrativo.

“Hay casos de éxito en los alcoholímetros que realizan sanciones administrativas como en el DF, y allá hay una estancia adecuada en donde la Secretaría de Seguridad Pública Municipal alberga a las personas que conducen en estado de ebriedad, es el famoso torito”. Apuntó el secretario de seguridad pública.