Darío Celis

Efectivamente, la Secretaría de Hacienda prepara una catarata de nuevos Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios (IEPS) no sólo en refrescos y telefonía, sino también en agua embotellada y alimentos procesados.

Vamos a ver de qué cueros salen más correas: si de César Nava, el dirigente que apenas ayer aseguró que no permitirán más gravámenes en detrimento de la población, o de Agustín Carstens.

Y es que trascendió que el lunes, en Los Pinos, el titular de la SHCP entregará a Felipe Calderón el primer borrador del paquete fiscal, el cual deberá estar en el Congreso, a más tardar, el 8 de septiembre para su discusión.

El Presidente y sus asesores revisarán y en todo caso deberán dar su aval o rechazo a las alternativas que Carstens está ofreciendo para fortalecer la hacienda pública. En la tarde el paquete se presentará al PAN y sus legisladores.

Como ayer le anticipábamos, este primer ejercicio considera introducir un IEPS a todas las bebidas gasificadas. No son cinco puntos, sino 10% lo que se propone como saque para tasar a las refresqueras.

El asunto prendió todas las alertas en FEMSA, de José Antonio Fernández Carvajal, quien puso a trabajar horas extras a su diputado electo Jorge Juraidini, y a su vicepresidente de Relaciones Institucionales, Genaro Borrego.

Los que tampoco tardan en reaccionar son los cabilderos de Bimbo de Daniel Servitje, Alfa de Dionisio Garza Medina, Xignux de Eugenio Garza Herrera y Bafar de Eugenio Baeza, que producen alimentos preparados y embutidos.

Mismo caso el de Sabritas, de PepsiCo, que lleva Paula Santilli, y Barcel del mismo Bimbo, que fundó Lorenzo Servitje Sendra, porque al igual que los alimentos procesados, las botanas y dulces planean sacarlos del régimen de exentos para pagar 15% de IVA.

A las aguas embotelladas se proyecta tasarlas con 10% de IEPS y a la telefonía celular con un gravámen que irá entre 7.5 y 10%. A las empresas de telefonía fija se les quiere cobrar IVA por concepto de interconexión en larga distancia.

Y es que carriers como Telmex de Carlos Slim, Alestra de Rolando Zubirán, Axtel de Tomás Milmo, en menor medida Marcatel de Gustavo M. De la Garza y Maxcom de Adrián Aguirre, también están exentos del 15% de IVA.

Tómelo con las reservas del caso, pero se afirma en la SHCP que por concepto de interconexión de llamadas de larga distancia hay una sangría anual que podría llegar hasta 300 mil millones de pesos.

Asimismo, la autoridad hacendaria considera en este borrador subir el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 28 a 32%, el Impuesto Especial a Tasa Unica (IETU) de 15.5 a 19% y elevar en la frontera el IVA de 10 a 15%.

Las cervezas resentirían un incremento de 25 a 35% en el IEPS, la industria de juegos y sorteos de 20 a 40% y bebidas alcohólicas de alta graduación de 50 a 60%. El tabaco pasaría de 160 a 190% del mismo impuesto especial.

Como si todo lo anterior no fuera suficiente, la SHCP le va abrir la puerta a los estados para que dentro de las atribuciones de la Ley de Coordinación Fiscal puedan cobrar 4.5% adicional de IEPS en todos los rubros mencionados.

La finalidad es llevar a los hechos la consigna de la líder de la bancada blanquiazul, Josefina Vázquez Mota, que exhortó hace unos días a estados y municipios a ser más proactivos en la tributación.

Hasta aquí parte de lo que contiene, insistimos, el primer borrador que ya tienen listo Carstens y sus pupilos. Vamos a ver si pasa la aduana de Presidencia y del Partido Acción Nacional. Y luego la del Congreso.

A más tardar en una semana los senadores priistas presentarán internamente el Plan de Emergencia para la Reactivación Económica y el Crecimiento. El documento se va concensuar con Beatriz Parades, el Comité Ejecutivo Nacional del partido y los gobernadores tricolores, y paralelamente con Francisco Rojas y los diputados que coordinará en San Lázaro. La intención es negociar con ambos grupos una postura que pueda plasmarse en un documento general que se posicionará en el Congreso. Las medidas prioritarias se orientan a reactivar tres rubros que tienen un efecto transversal en la economía nacional: Construcción y vivienda, industria automotriz, turismo y servicios. Cada uno va acompañado de medidas para estimularlo. Entre las 60 acciones destacan también el famoso ajuste al gasto público. Se plantea desaparecer, entre otras, a la Secretaría de la Función Pública y un recorte significativo de las delegaciones de Agricultura, que lleva Alberto Cárdenas, y Desarrollo Social, que capitanea Ernesto Cordero, poseen en los estados del país.

Parece un hecho que Correos de México se va fusionar con Telecomunicaciones de México, la paraestatal que recién dejó Andrés Figueroa. El movimiento se hace con el objetivo de obtener economías de escala y reducir el gasto corriente de la SCT. Lo que aún no queda claro es si Andrés Casco se mantendría al frente de ambas instancias. Con mucho Telecomm tiene una influencia más preponderante en la actividad económica y representa una fuente de ingresos más sólida para la administración pública, sin considerar su rol estratégico en las comunicaciones en materia de seguridad como rector de la actividad satelital. Considérelo.

Ayer hubo consejo en Nafinsa, que dirige Héctor Rangel Domene, y se autorizó el mecanismo por medio del cual Economía deberá dar un empuje al vapuleado Programa de Renovación Vehícular (Prodiat). Como le platicamos hace unos días, la institución liberó líneas de crédito hasta por tres mil 500 millones de pesos a intermediarios bancarios y no bancarios para que los apliquen directamente a este plan. Es la primera vez que Nafinsa financia algo parecido, en el entendido de que apoya a la industria automotriz, el programa de chatarrización y exclusivamente a las personas que vayan a sustituir su auto viejo por uno nuevo.

Ayer hubo asamblea de los tenedores de certificados bursátiles de Comercial Mexicana, quienes reclaman al grupo de Guillermo González Nova mil 500 millones de pesos. Se votó la propuesta de la compañía, que vía Rothschild ofreció pagar 85 centavos por cada peso a un plazo de diez años. Al cierre de esta columna había versiones de que Bank of America, de Orlando Loera, y que funge como representa común, habría aceptado.

También ayer se confirmó el adelanto que le ofrecimos el martes de esta semana, sobre el cierre del acuerdo de Codusa, de Miguel Rincón, y sus acreedores, expediente en el que se redujo la deuda de 524 a 250 millones de dólares.