Con toda la atención pública puesta en la liquidación de Luz y Fuerza (y en la clasificación de la Selección de fútbol al Mundial de Sudáfrica), ha pasado prácticamente desapercibido un tema que será central para el futuro del sistema financiero nacional: la controversia constitucional que elevó el Congreso, con apoyo de todos los partidos, respecto a la participación de gobiernos extranjeros en por lo menos once bancos que operan en nuestro país, siendo, sin duda, los dos más importantes, Banamex y Santander.

La historia comenzó con la

crisis financiera internacional. Para evitar la quiebra de numerosos bancos, la mayoría de los gobiernos, sobre todo en las naciones industrializadas, comenzaron a invertir fondos muy importantes en la estructura bancaria, no con la intención de nacionalizar los bancos sino de rescatarlos, en un esquema similar al del Fobaproa, pero con inversión directa en esas instituciones financieras. En general todas esas inversiones se considera que tendrán un plazo límite de tiempo, durante el cual los accionistas del banco deberán ir recomprando

las acciones que asumieron los distintos gobiernos. Y en los casos que se están analizando en México, la dirección de ninguno de esos bancos ha sido asumida por gobierno extranjero alguno.

La leyes financieras de México establecen que no puede ser propiedad de gobiernos extranjeros los bancos que operen en el país. Sin embargo, en marzo pasado la Secretaría de Hacienda opinó que esa participación sería temporal, que no había toma de decisiones por esos gobiernos y estableció, en consonancia con esos gobier

nos, un plazo de tres años para deshacerse de esas acciones. Los partidos no parecen estar de acuerdo con ello y han dejado en manos de la Corte la decisión. Mientras tanto, los bancos afectados, sobre todo Banamex y Santander, han explicado que no han modificado sus esquemas de operación y que incluso todas sus utilidades se reinvierten en territorio nacional, ello ante el temor de que las mismas terminaran sirviendo para capitalizar sus casas matrices. No sé cuál será la decisión de la Corte sobre el tema. Muy probablemente establecerá plazos muy estrictos para definir la propiedad de esas instituciones financieras y si no se cumplen, determinará que se deben colocar esos porcentajes de participación entre inversionistas nacionales. Si eso fuera así, y sobre todo en el hipotético caso de que ello se tuviera que dar en Banamex o Santander, sin duda habria quién estaría deci

dido a invertir en esas instituciones. No sucedería lo mismo con las otras nueve que están en condiciones similares. Pero lo que tendrán que definir los miembros de la Corte, es qué tipo de sistema financiero se quiere, con qué características y con qué tipo de relaciones con la banca internacional. Es sólo pregunta y en realidad no tengo una respuesta terminante al respecto pero ¿no queremos que Citigroup o Santander operen en el país ¿estamos seguros de contar con inversionistas nacionales para todas las instituciones que enfrentan esta misma problemática .

Lo cierto es que mientras se pusieron de acuerdo para lanzar esta controversia constitucional, los partidos siguen negociando, hacia dentro y hacia fuera, el paquete económico 2010. Llama la atención que marcado por los propios acuerdos internos del priísmo, pareciera haber un consenso

para que pasen los aumentos al ISR, al IEPS y al IDE, o sea a las utilidades de personas físicas o morales, a los servicios y productos especiales, como las bebidas alcohólicas o la cerveza, y a los depósitos en efectivo, pero no la contribución del dos por ciento a bienes y servicios, el único impuesto generalizado propuesto por el ejecutivo. En los hechos, si se cumple con esos acuerdos, los diputados habrán decidido aumentar los impuestos de los siete millones de contribuyentes cautivos (y en algunos aspectos sobre los otros quince millones que de alguna manera también pagan algunos impuestos) sin hacer esfuerzo alguno por socializar la contribución fiscal, por ampliar la base de contribuyentes. Por supuesto, el paquete económico tendrá dos complementos: mayor endeudamiento público y un precio de referencia del crudo más alto para que las cifras por lo menos cuadren.